Asesoría jurídica profesional y gratuita en Chiguayante, Región del Biobío
La asesoría jurídica es un servicio fundamental para que las personas puedan ejercer sus derechos y contar con el apoyo necesario para resolver conflictos de manera pacífica y eficiente. Este servicio permite obtener orientación sobre los deberes y derechos del usuario o usuaria, así como también recibir asesoría socio-jurídica de un abogado o abogada y/o trabajador o trabajadora social.
En la asesoría jurídica gratuita, el profesional del derecho o del trabajo social brinda orientación y asesoramiento sobre diversos temas relacionados con:
- Atención integral a víctimas de delitos violentos.
- Materias de familia: divorcios y pensión de alimentos.
- Materias civiles: arriendo, cambio de nombre, herencias, etc.
- Materias laborales: despidos injustificados, tutela laboral y desafueros, entre otros.
- Sistema penal antiguo: prescripción de penas y eliminación de antecedentes.
Este servicio es especialmente relevante para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social, ya que les permite acceder a la justicia de manera efectiva y ejercer sus derechos. Además, la asesoría jurídica gratuita se enmarca en la obligación de los profesionales del derecho de brindar acceso a la justicia a toda persona que lo requiera, sin importar su condición económica o social.
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Quienes pueden solicitar asesoría juridica gratuita
Orientación e información
La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ofrece un servicio de orientación e información, al cual todas las personas tienen derecho a acceder, independientemente de su situación socioeconómica o nacionalidad. Este servicio permite a las personas recibir información legal relevante para sus situaciones, como los trámites necesarios para resolver sus problemas y las leyes que aplican en su caso.
Patrocinio
La CAJ también ofrece servicios de patrocinio legal gratuito para personas que no puedan costear un abogado privado. A continuación, se detallan los criterios de elegibilidad para el patrocinio:
- A. Patrocinio por tramo informado en el Registro Social de Hogares: Las personas que forman parte de hogares cuya calificación se encuentra por debajo o dentro del quinto decil del Registro Social de Hogares (RSH) (segundo tramo) tienen derecho a recibir patrocinio judicial gratuito de un abogado o abogada de la CAJ. En caso de no estar inscritos en el RSH o encontrarse en un porcentaje superior al 51% de vulnerabilidad, es necesario que antes de la atención directa de un abogado CAJ se realice una calificación socioeconómica del usuario o usuaria a través de las asistentes sociales disponibles en los centros de cada comuna.
- B. Patrocinio por criterio de vulnerabilidad: Los usuarios y usuarias que se consideran en situación de vulnerabilidad, tienen derecho al patrocinio judicial de un abogado o abogada de la CAJ. Las personas que cumplen con este criterio incluyen los siguientes casos:
- Beneficiarios del Sistema Intersectorial de Protección Social (Chile solidario).
- Víctimas directas e indirectas de delitos violentos.
- Víctimas de violencia intrafamiliar en los grupos más vulnerables, como mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
- Beneficiarios y beneficiarias de PRAIS.
- Personas que hayan sido derivadas de CAVI y UVI.
- Personas con discapacidad.
- C. Patrocinio por aplicación de leyes: Existen usuarios y usuarias que, por ley, ingresan automáticamente a la línea de patrocinio judicial y son designados por un juez o jueza. Los casos en los que se aplica este criterio son:
- Curadores Ad Litem: en todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en los que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez debe velar por que se encuentren debidamente representados. El juez o jueza designará a un abogado o abogada perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción, protección de motivos fundados.
- Internos en recintos penitenciarios: de acuerdo con el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales, «Se estimará como presunción legal de pobreza la circunstancia de encontrarse preso…».
Requisitos para acceder al patrocinio
Además de los criterios de elegibilidad antes mencionados, existen requisitos adicionales para acceder al patrocinio judicial en las oficinas de Defensa Laboral de la CAJ:
- Ser trabajador o trabajadora.
- Que la última remuneración por 30 días trabajados no supere los 2,36 ingresos mínimos mensuales.
- En casos de desafuero maternal, las trabajadoras cuya última remuneración por 30 días trabajados no supere los 4,72 ingresos mínimos mensuales.
- Sindicatos que cuenten con 25 asociados o menos para la interposición de acciones derivadas de derechos colectivos de trabajo o por tutela laboral, y cuya cuota sindical sea igual o inferior a 0,24 Unidades de Fomento (UF).
Personas que pueden acceder al patrocinio judicial en las Unidades de Víctimas
Las Unidades de Víctimas de la CAJ están destinadas a atender a personas que han sufrido algún tipo de delito. Para acceder al patrocinio judicial gratuito en estas unidades, es necesario cumplir los siguientes criterios:
- Tener una capacidad de pago per cápita inferior o igual a 6 UF en zonas urbanas y 5,5 UF en zonas rurales. En estos casos, se ingresa directamente a la línea de patrocinio judicial.
- En caso de que la víctima directa de un delito sea un niño, niña o adolescente, se les atiende sin necesidad de calificación socioeconómica.
- El resto de los casos deben pasar por un proceso de clasificación socioeconómica realizado por una asistente social del Centro de Atención de la CAJ.
En conclusión, la CAJ ofrece diferentes tipos de asistencia legal, como orientación e información y patrocinio, dependiendo de la situación y necesidades de las personas. Para tener derecho al patrocinio, se deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad y requisitos adicionales. En caso de dudas, se puede contactar a la CAJ para obtener más información sobre los servicios y los requisitos necesarios para acceder a ellos.
Requisitos para solicitar asistencia judicial gratuita
- Para la solicitud de orientación legal, no es necesario presentar ningún documento.
- En caso de requerir servicios de asesoría y defensa por parte de un abogado o abogada de la CAJ, este o esta le indicará los documentos específicos que deberá presentar para poder brindarle una asistencia legal adecuada y efectiva en su caso.
Solicitar el patrocinio de un abogado gratis en linea
- Haga clic en «ir al trámite en línea».
- Complete la información solicitada en el formulario en línea. La información requerida puede variar dependiendo del tipo de trámite que esté realizando, pero generalmente incluirá información personal básica, como su nombre completo, dirección de correo electrónico y número de contacto.
- Una vez que haya completado todos los campos obligatorios, haga clic en «enviar». El sistema le informará que su solicitud ha sido enviada con éxito.
- Como resultado del trámite, habrá solicitado orientación o información. La CAJ se comunicará con usted a la brevedad posible para proporcionarle una respuesta a su solicitud. Esta respuesta se enviará al correo electrónico que haya registrado en el formulario en línea.
También puede ingresar al sitio web de la CAJ y contactarse.
Es importante tener en cuenta que el proceso de respuesta puede variar dependiendo de la naturaleza y complejidad de su solicitud, así como de la disponibilidad de los recursos de la CAJ para brindar una asistencia adecuada y oportuna. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre el trámite en línea o el estado de su solicitud, puede contactar directamente con la CAJ para obtener más información.
Solicitar asistencia judicial gratuita de forma presencial
- Para recibir atención en persona, diríjase a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
- Explique el motivo de su visita: solicitar orientación e información jurídica.
- Como resultado del trámite, habrá solicitado orientación o información.
- El tiempo de espera para la atención puede variar dependiendo de la disponibilidad de los abogados y abogadas en el centro correspondiente, así como de la naturaleza y complejidad de la consulta.
- Además, la CAJ evalúa si existe alguna urgencia o plazo establecido para la consulta, dando prioridad en este orden: demanda, citación de un tribunal, violencia intrafamiliar, menores en riesgo social, embargo y víctimas de delitos.
- Es importante tener en cuenta que aunque la CAJ hace todo lo posible para brindar una atención rápida y efectiva, el tiempo de espera puede ser variable y dependerá de cada caso específico.
- Si tiene preguntas o inquietudes sobre el tiempo de espera o cualquier otro aspecto de la atención brindada por la CAJ, puede comunicarse directamente con la institución para obtener más información y asesoría legal.
Costo del tramite
La CAJ está comprometida con brindar asistencia legal a todas aquellas personas que lo necesiten, sin importar su capacidad financiera o situación económica, y por esta razón, no se cobra ningún costo por los servicios brindados.
Es importante destacar que la gratuidad de los servicios no afecta la calidad y eficacia de la asistencia brindada por la CAJ, ya que cuenta con abogados y abogadas altamente capacitados y comprometidos en brindar una asesoría y representación legal de calidad a todas las personas que acuden a la institución.
Marco legal
La Ley Nº 17.995 es el marco legal que otorga personalidad jurídica a los servicios de asistencia jurídica, en la que se incluye la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). Esta ley establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de un abogado particular.
La Ley Nº 17.995 también establece los principios y objetivos que rigen la asistencia jurídica gratuita, así como las condiciones y requisitos que deben cumplir las personas para acceder a los servicios de la CAJ. En este sentido, la ley reconoce el derecho de las personas a recibir asesoría y defensa legal gratuita en procesos judiciales, y establece los criterios de elegibilidad para acceder a los servicios de la CAJ.